«La medicina convencional no es una disciplina científica basada en la evidencia por mucho que los médicos al servicio de la gran industria farmacéutica lo repitan como un mantra ya que solo el 11% de los 3.000 protocolos que se utilizan en los hospitales y clínicas son claramente beneficiosos. Lo constató y publicó hace ya años –sin que nadie lo haya refutado– el British Medical Journal –órgano oficial de la Asociación Médica Británica– añadiendo que un 24% podrían ser “algo beneficiosos”. Y eso implica que la eficacia del 65% de lo que hacen los médicos no está avalada y no se justifica». Así lo afirma el periodista español Jose Antonio Campoy, director de la revista Discovery DSALUD (www.dsalud.com), en el Editorial del número de octubre.
«Lo increíble es que unos datos tan contundentes -agrega- no hayan llevado a la realización de una inmediata investigación teniendo en cuenta que cada año mueren en los hospitales españoles mientras son tratados con ellos más de 400.000 personas y de que los tratamientos médicos son ya considerados en Estados Unidos la tercera causa directa de muerte tras el cáncer y los problemas cardiovasculares. Es hora pues de que intervengan de una vez la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, las Fuerzas de Seguridad del estado y la Judicatura porque se trata de datos –no de especulaciones– que exigen una inmediata investigación y la adopción de medidas. No es tolerable que mueran anualmente en España más de 400.000 personas mientras se les aplican protocolos médicos de dudosa o nula eficacia y nadie haga nada. Como no es tolerable que los médicos sigan afirmando que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en la curación de enfermedades gracias a los recientes avances y descubrimientos de la Medicina cuando es rotundamente falso».
Afirmaciones que Jose Antonio Campoy documenta: «En Discovery DSALUD hemos consultado los datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y según los mismos las muertes achacables a “enfermedades” aumentan año tras año por encima del incremento de la población. Luego en la curación de enfermedades la Medicina no ha avanzado NADA; al contrario, cada vez muere más gente en nuestros hospitales. El número de defunciones por enfermedades ha pasado de las 304.850 del 2000 a las 407.489 del 2015 (último año del que hay datos publicados). Cifras que incluyen los fallecimientos por senilidad solo que éstas oscilan entre las 2.875 muertes del 2000 y las 1.986 del 2015. En pocas palabras, en España mueren cada año más personas por enfermedades a pesar de los avances de los que los médicos presumen. Esta es la secuencia de muertes entre 2000 y 2015: 304.850, 344.132, 352.687, 368.131, 354.890, 370.453, 355.339, 375.437, 371.035, 370.437, 367.981, 373.678, 388.946, 375.741, 380.927 y 407.489. Luego la incidencia de las supuestas mejoras de los tratamientos médicos de los tres últimos lustros es no ya NULA sino NEGATIVA. Mueren ahora por “enfermedades” muchas más personas que 15 años antes; dato que –insistimos– no explica siquiera el aumento de la población ya que en 15 años se ha pasado de 304.580 personas fallecidas a 407.489 y eso significa ¡un aumento de casi un 25% en solo 15 años! Los datos son contundentes, dejan en entredicho al colectivo médico y hacen que la Proposición no de ley que presentara en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario de Ciudadanos para que los médicos denuncien a los propios compañeros que opten por tratar a sus enfermos de otra manera sea algo manifiestamente ridículo dada la ineficacia de los protocolos oficiales».
El Editorial de Jose Antonio Campoy termina diciendo: «Es hora pues de actuar y de investigar a los dirigentes de la Organización Médica Colegial (OMC) que llevan tiempo afirmando falazmente que lo que ellos propugnan es válido y las demás terapias son ineficaces y peligrosas. Además si así fuera llevarían años permitiendo que cientos de miles de personas –si no millones– hayan sido estafadas y puesto en peligro su salud y sus vidas y eso es un delito grave y si no tienen razón estarían poniendo gratuita e injustificadamente en duda la imagen, el honor y la profesionalidad de quienes las ejercen –decenas de miles de ellos médicos– y eso también es un delito grave; de calumnias, injurias, difamación y atentado contra el honor y la propia imagen. Como lo es su decisión de pedir el cierre de entre 90 y 100 webs por entender que a su juicio se hacen eco de “contenido pseudocientífico”. Lo dije hace meses y lo reitero: si los dirigentes de la OMC –que no son elegidos por sus méritos académicos y científicos– creen que un medio de comunicación está perpetrando un delito o pone en riesgo la salud o la vida de las personas lo que deben hacer es acudir a los tribunales. Su propuesta es inaudita en un Estado de Derecho y constituye un intolerable atentado contra la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa».